Origen del PNAG

El PNAG nace en 2004, como su propio nombre indica, ante la necesidad de planificar a nivel nacional la difusión de la Garantía de Alquiler como medida que resuelve el problema del alquiler y que aporta una solución frente a los riesgos y problemas comunes en los alquileres de viviendas.

El PNAG inicia su marcha formalmente en enero de 2006, aunque el impreso de "Garantía de Alquiler" sobre el que se sustenta el PNAG junto con el sello distintivo de "Garantía al Consumidor", está operativo desde 2004 a través de profesionales del sector inmobiliario, para poder ofrecer a los ciudadanos esta solución con una operativa contrastada y probada.

Institucionalmente el PNAG ha sido desarrollado por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, en lógica consonancia con su cometido y actividad principal de desarrollar marcos legales en los que enjuiciar casos, administrando justicia arbitral, y como figura institucional prevista en la ley de 1988 y en la actual de 2003 en su artículo 14 diferenciando así su actividad y cometido respecto al arbitraje privado, y en línea con la recomendación 12/86 del Comité de Ministros del Consejo de Europa para descargar de trabajo a los juzgados ordinarios, enjuiciando casos en jurisdicción arbitral con el mismo alcance jurídico en todas las comunidades autónomas dado su carácter de ámbito nacional.

Institucionalmente es el Estado, el que a través de la ley 60/2003, le otorga a La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad su fuerza jurídica como organismo arbitral, y controla directamente toda su actividad tutelando y velando por que se realice conforme a los requisitos legalmente establecidos, aunque por imperativo legal, no puede intervenir directamente en la gestión administrativa interna, para preservar su independencia e imparcialidad.

El control formal por el Estado, se realiza directamente y de forma continuada en cada ejecución y de cada proceso de enjuiciamiento, e indirectamente en la gestión administrativa interna que por ley tiene que ser, y mantenerse independiente e imparcial, garantizando así que la labor de esta Institución se realiza conforme a los requisitos formalmente establecidos en la ley y a los principios de igualdad e imparcialidad.

Como institución que incide dentro del conjunto del sistema judicial español, dado que de sus tribunales salen sentencias arbitrales de obligado cumplimiento, la trascendencia pública de este organismo arbitral es la propia del desarrollo de su labor al administrar justicia y dictar sentencias arbitrales con valor similar a una sentencia firme, que los juzgados ordinarios por imperativo legal tienen obligación de dar cumplimiento sin volver a enjuiciar el caso una segunda vez.

De esta manera con el Plan Nacional de Alquiler Garantizado, esta Institución cumple su principal misión, aportar soluciones con justicia a los principales problemas socioeconómicos, y logra su objetivo específico de descargar de trabajo a los juzgados y tribunales convirtiéndose en la instancia más utilizada por los usuarios, debido sobre todo, a que aporta nuevos valores a un servicio de interés general como es la administración justicia, y a que toda su labor se realiza conforme a los principios y valores que la rigen como Organismo Arbitral.